Compromiso de Luxemburgo
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En junio de 1965, el Presidente francés Charles de Gaulle comenzó un boicot de las reuniones del Consejo al que se denominó la "crisis de la silla vacía".
Con arreglo al Tratado de Roma de 1957, las cuestiones agrícolas y presupuestarias debían determinarse en virtud de una decisión mayoritaria, una vez concluido el periodo transitorio durante el cual correspondía decidir sobre ellas por unanimidad. Al final de tal periodo transitorio, De Gaulle se negó a aceptar la abolición de la votación por unanimidad y, de este modo, dio comienzo el boicot francés.
En enero de 1966 se alcanzó un compromiso que permitía a los Estados miembros vetar decisiones que contemplaran como de "interés nacional vital".
El "Compromiso de Luxemburgo" no tiene categoría jurídica, sino que se trata de un acuerdo político expresado en un "comunicado" que se refería a las desavenencias habidas entre Francia y los otros cinco Estados miembros fundadores de la CEE.
Pese a ello, el Compromiso se mantuvo hasta diciembre de 1985, cuando los Jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miembros acordaron relegarlo y permitir a los demás negar que se habían puesto de acuerdo para hacer tal cosa.
Notas
El derecho de veto político, al que se alude como Compromiso de Luxemburgo, no debería confundirse con el derecho de veto que los tratados otorgan a cada Estado miembro en relación con los ámbitos políticos en los que sigue aplicándose la unanimidad.
El Tratado de Amsterdam introdujo un derecho de veto similar en el TUE en lo que se refiere a la Política Exterior y de Seguridad Común: los Estados miembros pueden limitar la facultad del Consejo de decidir por mayoría cualificada transmitiendo el asunto al Consejo Europeo, que, en tal caso, debe decidir por unanimidad.
El futuro
La Convención abolirá el Compromiso de Luxemburgo de manera definitiva en virtud de los artículos I-22 y I-33.
El que fuera mano derecha de Jean Monnet, Georges Berthoin, propuso reinstaurar el derecho de veto en cuestiones vitales, planteando que un Jefe de Estado pudiera verse obligado a defender un veto en el marco de una cumbre de la UE.
Dicha propuesta ha sido divulgada por el grupo Democracy-Forum en la Convención sobre el futuro de Europa, con la petición adicional de que el veto se decida en el seno de los respectivos parlamentos nacionales mediante debate público.
