La UE decide adoptar una perspectiva financiera que limita el gasto comunitario en las diferentes categorías de gasto. Esto forma parte del procedimiento presupuestario que se lleva a cabo antes de que las instituciones elaboren sus estimaciones de gasto y de que la Comisión elabore el proyecto de presupuesto preliminar.
La perspectiva financiera se regula mediante un acuerdo interinstitucional entre la Comisión, el Consejo y el Parlamento.
En la Cumbre de la UE de Copenhague celebrada en diciembre de 2002 se decidió adoptar una nueva perspectiva financiera que incluyera los costes de la ampliación para la UE. Las cifras se incorporaron entonces a los tratados de adhesión. Como consecuencia, se marginaron las posibilidades del Parlamento de ejercer influencia en materia de gastos.
El Parlamento Europeo reaccionó en primera instancia amenazando con demorar el proceso de ampliación, pero finalmente dio su beneplácito y obtuvo una mayor cuota.
El futuro
El Proyecto de Constitución propone que la adopción de la perspectiva financiera se incorpore a la Constitución.